Dallas.- Los abogados de José Ernesto Medellín esperan hoy que la Suprema Corte
de Justicia de Estados Unidos intervenga y frene la ejecución del mexicano,
programada para las 18:00 horas de este martes en Texas.
Sólo un fallo de la Suprema Corte o una decisión de clemencia ejecutiva de parte del gobernador de Texas, Rick Perry, podrían frenar la aplicación de la sentencia, indicó la defensa del reo mexicano.
De efectuarse la ejecución, esta se realizaría en desafío de la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que ha solicitado a Estados Unidos revisar las sentencias de 51 mexicanos condenados a la pena de muerte.
La CIJ reiteró el pasado 16 de julio su petición e instruyó a las autoridades estadounidenses a hacer todo lo posible para prevenir la inminente ejecución de cinco mexicanos sentenciados al castigo capital, incluido Medellín.
Medellín, al igual que el resto de los mexicanos en la lista de la CIJ, no recibió acceso a funcionarios consulares de su país cuando fue detenido en Houston acusado de participar en la violación y homicidio de Elizabeth Peña y Jennifer Ertman, de 16 y 14 años, en 1993.
El acceso consular es un derecho garantizado por la Convención de Viena en Relaciones Consulares, tratado ratificado por Estados Unidos, México y decenas de otras naciones.
La Suprema Corte de Justicia "ya ha reconocido la naturaleza inexcusable de las obligaciones legales internacionales de Estados Unidos y ciertamente tiene el poder de otorgar una suspensión en este caso", dijo Sandra Babcock, una de las abogadas de Medellín y especialista en la materia.
En una reciente decisión sobre el caso, la Suprema Corte sostuvo que Estados Unidos está bajo la obligación legal de acatar la orden de la CIJ, pero concluyó que se requiere de una acción del Congreso para hacer que esa orden sea aplicable a las entidades en este país.
Tanto la Casa Blanca como el Congreso han urgido a las autoridades de Texas a trabajar en conjunto para facilitar que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones internacionales.
Dos legisladores han interpuesto en la Cámara de Representantes una iniciativa de ley bajo la cual se obligaría a Texas y a las demás entidades a acatar la orden de la CIJ.
Babcock dijo que ella y otros expertos en derecho internacional esperan que la Suprema Corte intervenga en las próximas horas para asegurar que la ejecución de Medellín no proceda antes de que el Congreso y el Ejecutivo actúen para aplicar esta legislación.
La Suprema Corte "debe jugar su parte para asegurar que Estados Unidos cumpla los compromisos asumidos cuando firmó y ratificó el tratado de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Carta de las Naciones Unidas", señaló Babcock.
En las últimas semanas, el gobernador Perry ha recibido una creciente y continua presión pública para que se posponga la ejecución de Medellín.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, grupos de juristas, e incluso la misma Casa Blanca, han dirigido cartas a Perry para exhortarlo a respetar el fallo de la CIJ.
También varios periódicos de Texas y de otras partes de Estados Unidos han utilizado sus páginas editoriales para urgir al gobernador a suspender la ejecución.
Medellín, de 33 años de edad, originario de Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, fue sentenciado a la pena máxima por participar junto con otros cinco, en la violación y asesinato de Elizabeth Peña y Jennifer Ertman en junio de 1993 en Houston.
Las jóvenes fueron atacadas por la banda de pandilleros cuando estas decidieron tomar un atajo a lo largo de unas vías del tren, donde se encontraba el grupo bebiendo cerveza para celebrar la iniciación de un nuevo miembro de su banda.
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Tomado de: El Universal



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